Muchos autónomos que cierran su negocio por deudas no solo deben dinero a bancos, proveedores o Hacienda. También arrastran deudas con sus propios trabajadores: nóminas atrasadas, finiquitos sin pagar o indemnizaciones por despido que se reclaman ante el juzgado de lo social. Es una de las situaciones que más angustia generan, y en las últimas semanas ha vuelto al debate jurídico a raíz de dos sentencias de tribunales superiores de justicia que tratan de forma distinta las deudas laborales en la Ley de la Segunda Oportunidad.
Las deudas con trabajadores también pueden entrar en la Segunda Oportunidad
Cuando el empresario es una persona física, como ocurre con el autónomo que tiene empleados, las deudas laborales forman parte de su pasivo y, con carácter general, pueden incluirse en el procedimiento de Segunda Oportunidad. La regla de la ley es que la exoneración alcanza a las deudas que el deudor no ha podido satisfacer, salvo las excepciones expresamente previstas.
Una de esas excepciones afecta precisamente a los salarios. La Ley Concursal excluye de la exoneración las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso, en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los devengados durante el procedimiento, siempre que su pago no haya sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial. Fuera de ese límite, los salarios pendientes son, en principio, susceptibles de exoneración.
Qué ocurre con las indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido no aparecen entre las excepciones que la ley enumera para los créditos laborales, y algunos tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, han entendido que pueden quedar exoneradas. Esto es especialmente relevante para el autónomo que ha tenido que despedir a su plantilla al cerrar el negocio y no ha podido hacer frente a las indemnizaciones.
Ahora bien, que una deuda sea exonerable no significa que desaparezca sin más. Para que la exoneración despliegue sus efectos, la deuda debe estar bien identificada en el procedimiento y el deudor debe cumplir todos los requisitos legales, empezando por actuar de buena fe y aportar información completa sobre sus acreedores.
El problema de los juicios laborales que siguen abiertos
La cuestión se complica cuando el trabajador ha demandado y el juicio laboral todavía no ha terminado en el momento en que se concede la exoneración. Dos sentencias dictadas en junio de 2026 y analizadas recientemente en la prensa jurídica muestran que los tribunales no siempre lo resuelven igual.
En un caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana permitió que la ejecución contra el autónomo continuara por la indemnización y los salarios reconocidos en una sentencia laboral posterior a la exoneración, al entender que ese crédito no existía cuando se dictó el auto. En otro, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña partió de una sentencia laboral firme que ya descontaba la parte de la indemnización exonerada y limitó la ejecución a la diferencia, sin reabrir el debate sobre si era exonerable. Ambas resoluciones coinciden, según los análisis publicados, en que los créditos identificados y cuantificados antes de la declaración de concurso quedan alcanzados por la exoneración, pero evidencian el riesgo de dejar cabos sueltos.
Cómo proteger tu exoneración si tienes deudas laborales
La principal lección de estas sentencias es que la relación de acreedores debe ser completa y precisa. Las deudas con trabajadores deben figurar con su importe, su concepto y su fecha, incluidas las que estén pendientes de juicio, para que quede constancia de que existían antes de la declaración de concurso. Una deuda laboral omitida o mal descrita puede acabar reclamándose después de haber obtenido la exoneración.
También es importante coordinar el procedimiento concursal con los juicios laborales en curso. Hacer valer la exoneración en el proceso laboral y, si la sentencia no distingue bien entre conceptos, solicitar su aclaración o recurrirla dentro de plazo puede marcar la diferencia, porque una vez que la resolución es firme las posibilidades de revisarla se reducen mucho. Por eso, el autónomo con trabajadores no debería afrontar la Segunda Oportunidad sin un análisis previo de todos los frentes abiertos.
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