Ley Segunda Oportunidad Cádiz

Es un recurso legal que te permite cancelar o reestructurar tus deudas si ya no puedes hacerles frente. Te ayuda a empezar de nuevo y recuperar tu bienestar económico. Debes demostrar buena fe, no tener antecedentes penales graves ni haber sido condenado en concurso en los últimos diez años.

Sí. Es un proceso judicial totalmente seguro y regulado por la ley que permite eliminar tus deudas si cumples con los requisitos y cuentas con un abogado con experiencia en este tipo de procedimientos.

Con la ayuda de un despacho especializado, se presenta la solicitud ante el juzgado mercantil. Nosotros nos encargamos de gestionar todo el proceso para que tú no tengas que ocuparte de nada.

Hay que aportar documentación que acredite tu insolvencia. Es necesario justificar tus ingresos, tus gastos mensuales, cargas familiares y la relación detallada de tus deudas. Esto servirá para demostrar que no puedes afrontar esos pagos.

Con tu autorización, desde nuestro despacho conseguimos casi toda la documentación requerida para iniciar el procedimiento, facilitándote enormemente el inicio del proceso y reduciendo tus preocupaciones.

Si dispones de ingresos por encima del mínimo vital, el juez puede fijar un plan de pagos acorde a tu situación económica. Si no puedes asumir ningún pago, la ley permite exonerar la totalidad de las deudas pendientes.

La duración media va de seis a doce meses, en función de cada situación particular. Al contar con abogados especializados, el proceso se acelera y se resuelven antes las distintas fases del procedimiento.

Al finalizar el proceso judicial, todas tus deudas quedan canceladas. A partir de ahí, puedes volver a empezar, solicitar crédito y acceder de nuevo al sistema financiero sin cargas anteriores.

Los honorarios varían en función de cada caso. En nuestro despacho te ofrecemos un presupuesto a medida, cerrado y transparente, adaptado a tu capacidad de pago, sin sorpresas ni costes ocultos.

Solo en circunstancias excepcionales. Nuestro equipo prevé este tipo de situaciones y actúa para que puedas seguir utilizando tu cuenta bancaria para afrontar tus gastos básicos durante todo el procedimiento.

Solo puedes beneficiarte de esta ley una vez cada diez años, siempre y cuando vuelvas a reunir los requisitos exigidos y el juez lo autorice tras examinar en profundidad tu nuevo caso.

Por lo general, se procede a la liquidación de tus bienes para pagar a los acreedores. Sin embargo, la ley protege ciertos bienes necesarios para garantizar que puedas empezar de nuevo sin quedarte desamparado.

Si vas a ser liberado de todas tus deudas y los acreedores no van a cobrar, no sería justo conservar un vehículo de gran valor. Lo habitual sería venderlo y repartir su valor. El resto se perdona, y luego podrás adquirir otro sin problema.

Respecto a los avalistas, aunque a ti se te perdonen las deudas, los acreedores seguirán teniendo derecho a reclamarles. Por eso es esencial revisar cada deuda y proteger a quienes firmaron como avalistas en su momento.

En determinadas situaciones, se puede conservar la vivienda habitual si se cumplen ciertos requisitos, como que el valor de la hipoteca sea superior al del inmueble. El juez valorará cada caso, sobre todo cuando hay vivienda familiar.

No pueden cancelarse deudas derivadas de delitos, pensiones por alimentos y algunos créditos públicos que superen los 10.000 € con Hacienda y otros 10.000 € con Seguridad Social. Estas no entran en la exoneración.

Con la reforma legal más reciente, ya no es obligatorio pasar por un acuerdo extrajudicial de pagos. Todos los planes se tramitan dentro del procedimiento judicial y se adaptan a tu verdadera capacidad económica.

Una vez se obtiene la exoneración judicial, puedes solicitar que se elimine tu nombre de los registros como ASNEF o CIRBE. El Auto establece la obligación de los acreedores de notificar esa nueva situación a dichos ficheros.

Si no lo hacen, tienes la opción de iniciar acciones legales para que se elimine tu nombre. Así podrás volver a operar con normalidad y acceder a productos financieros sin el estigma de la morosidad.

Sí. Es obligatorio por ley contar con abogado y procurador para iniciar el procedimiento. Y no vale cualquier profesional: lo ideal es acudir a abogados especializados, ya que una mala gestión puede afectar muy negativamente al resultado.