Somos los abogados expertos en la Ley de Segunda Oportunidad en San Sebastián, reconocidos con el premio Andalucía Excelente 2024. Hemos acompañado a miles de particulares, autónomos y pequeños empresarios en toda España. Nos dedicamos en exclusiva a este procedimiento legal y a los concursos de acreedores.


Cada miembro de nuestro equipo aporta su conocimiento especializado para ofrecerte las mejores soluciones legales y financieras, ajustadas a tu situación.

Nos enorgullece anunciar que Cualidad Jurídica ha sido galardonada con el Premio Andalucía Excelente 2024 en la categoría de Segundas Oportunidades, destacando nuestro compromiso y éxito en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad. Este reconocimiento refleja nuestra dedicación a proporcionar soluciones jurídicas efectivas, ayudando a personas y empresas a superar momentos difíciles mediante un proceso adaptado a cada necesidad.
Se presenta una solicitud ante el juzgado mercantil. Nuestro despacho se encarga de todos los trámites necesarios para iniciar el procedimiento correctamente.
Será necesario acreditar tu insolvencia con documentos sobre ingresos, gastos, cargas familiares y deudas. Con tu autorización, nosotros recopilamos la mayor parte de esa documentación.
Al finalizar, se cancelan tus deudas y puedes comenzar una nueva etapa sin cargas económicas.
Solo en circunstancias muy puntuales. Nos adelantamos a esas situaciones para que puedas seguir utilizando tu cuenta para cubrir tus gastos básicos.
Por ejemplo, si tienes un coche de alto valor, podría venderse para cubrir parte de las deudas. El resto se cancela, y luego puedes adquirir otro vehículo si lo necesitas.
Los acreedores mantienen el derecho de reclamar a los avalistas, por lo que es fundamental estudiar bien cada caso antes de iniciar el proceso.
En algunos casos es posible conservar tu vivienda si el valor de la hipoteca es superior al precio de mercado del inmueble. La decisión final la toma el juez del caso.
Desde la última reforma, ya no se requiere un acuerdo extrajudicial. Todo se gestiona en el proceso judicial principal, en función de tu capacidad económica real.
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