Ley Segunda Oportunidad Jaén

Es un mecanismo legal que permite cancelar o reestructurar tus deudas si no puedes afrontarlas. Te brinda la posibilidad de comenzar desde cero y recuperar tu equilibrio económico. Debes actuar con buena fe, no tener antecedentes penales graves y no haber sido condenado en concurso en los últimos diez años.

Sí. Se trata de un procedimiento judicial totalmente fiable que permite cancelar deudas si cumples con los requisitos legales y estás asistido por un abogado especializado en este tipo de procesos.

Con la ayuda de un despacho con experiencia, se presenta la solicitud ante el juzgado de lo mercantil. Nosotros gestionamos íntegramente el proceso legal para que no tengas que preocuparte de nada.

Es necesario presentar documentación que demuestre tu situación de insolvencia. Para ello, hay que justificar tus ingresos, tus gastos esenciales, cargas familiares, así como el listado de tus deudas. Así se acredita que no puedes hacerles frente.

En nuestro despacho, con tu autorización, nos encargamos de recopilar prácticamente toda la documentación que se necesita para poner en marcha el procedimiento, lo que simplifica mucho el proceso para ti.

Si tus ingresos están por encima del mínimo vital, el juez podrá aprobar un plan de pagos ajustado a tu realidad económica. Si no puedes asumir ningún pago, la ley permite cancelar todas tus deudas directamente.

El procedimiento suele durar entre seis y doce meses, dependiendo del caso. Si cuentas con abogados expertos, cada paso del proceso se acelera y se desarrolla con mayor agilidad y eficacia.

Una vez concluido el procedimiento judicial, tus deudas quedarán canceladas. A partir de ese momento, podrás volver a empezar, acceder a financiación y recuperar tu estabilidad económica sin cargas.

Los precios dependen de cada caso. En nuestro despacho te ofrecemos un presupuesto cerrado, adaptado a tus circunstancias y sin costes ocultos, para que puedas afrontarlo sin agobios económicos.

Solo en casos muy concretos. Nuestro equipo legal prevé este tipo de situaciones y actúa para que mantengas acceso a tu cuenta y puedas seguir haciendo frente a los gastos básicos del día a día.

Solo puedes recurrir a esta ley una vez cada diez años, siempre que vuelvas a cumplir con los requisitos establecidos por la normativa y el juez apruebe tu solicitud tras estudiar tu situación.

Normalmente, los bienes se liquidan para pagar a los acreedores. No obstante, la ley protege ciertos elementos esenciales para que puedas iniciar una nueva etapa sin quedarte sin lo indispensable para vivir.

Si te van a perdonar todas las deudas y los acreedores no van a cobrar, no sería justo conservar, por ejemplo, un coche de 20.000 €. Lo habitual es venderlo, pagar con ese dinero y el resto se exonera. Después podrás comprarte otro coche.

Respecto a los avalistas, aunque a ti se te exoneran las deudas, los acreedores seguirán teniendo derecho a reclamar a quienes te avalaron. Por eso es fundamental revisar cada deuda con detalle para no comprometer a terceros.

En algunos supuestos, es posible conservar tu vivienda si se cumplen ciertas condiciones, como que la hipoteca sea superior al valor actual del inmueble. El juez valorará cada caso, sobre todo cuando hay vivienda familiar.

No se pueden exonerar deudas derivadas de delitos, pensiones de alimentos o determinadas deudas públicas que superen los 10.000 € en Hacienda y otros 10.000 € con la Seguridad Social. Estas deudas están excluidas por la ley.

Con la última reforma de la norma, ya no es necesario acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. Cualquier plan se presenta en sede judicial y se ajusta siempre a tus verdaderas posibilidades económicas.

Una vez obtenida la exoneración, puedes solicitar que tu nombre se elimine de ficheros como ASNEF o CIRBE. En el Auto se incluye la obligación de los acreedores de informar del cambio a dichos registros.

Si no cumplen con esta obligación, puedes iniciar acciones legales para lograr la eliminación. Así podrás recuperar tu vida financiera con normalidad, acceder a créditos y operar sin restricciones.

Sí. La ley exige actuar con abogado y procurador. No se puede iniciar este proceso sin ellos. Además, no todos los abogados dominan esta materia: lo más recomendable es acudir a profesionales especializados para evitar errores graves.